La región del Sumapaz y el departamento de Cundinamarca han sido considerados como despensas agrícolas del centro del país, gozando de la cercanía a Bogotá, el mayor centro de consumo constituido por más de ocho millones de personas. Sin embargo, la producción agropecuaria que es la base de la economía campesina viene siendo desplazada y sufre las consecuencias de las políticas agrarias y de un modelo de producción convencional agotado, además es afectada por un sistema de comercialización desfavorable para las familias campesinas.
El modelo de agronegocio ha generado significativos impactos negativos en la economía campesina y en la soberanía alimentaria de las comunidades rurales de la región y del departamento de Cundinamarca, ya que, a través del monocultivo y el paquete tecnológico de las multinacionales (semillas híbridas o transgénicas, fertilizantes sintéticos y venenos), se ha generado dependencia de los productores, aumento de los costos de producción, pérdida de la diversidad productiva y de la integridad ecológica de los agro ecosistemas, deterioro significativo de los suelos y graves problemas de salud en los productores y consumidores.
Una de las problemáticas que se profundiza en el mundo y en especial para la población rural es la inseguridad alimentaria, la cual para el año 2022 indico que, alrededor de 700 millones de personas padecieron de hambre en todo el mundo. Ahora, al aterrizar estas cifras en Colombia encontramos altos niveles de inseguridad alimentaria los cuales varían de moderada a grave en los hogares del país, en el caso de Cundinamarca el 23% es de inseguridad moderada y el 3,7% de inseguridad grave; lo que indica que de cada 100 hogares más de 26 y más de 30 respectivamente, padecen de esta problemática.
Índice de inseguridad alimentaria, a partir de disponibilidad, acceso físico y económico, y adecuación de alimentos. Fuente: DNP, 2022
Sin embargo, a pesar de las condiciones predominantes en la actualidad como el cambio climático, los altos costos de los insumos externos y los rendimientos cada vez más bajos, se están presentando desafíos significativos en el ámbito productivo que no puede ir separada de la garantía al derecho humano a la alimentación. Estos desafíos requieren una respuesta estratégica que permita abordar los desafíos de manera efectiva y es allí donde el modelo de los CAS (Circuitos Agroalimentarios Solidarios) promueven la colaboración y la solidaridad entre diferentes actores económicos y sociales, un enfoque basado en la creación de redes y organizaciones que trabajan conjuntamente para promover la producción, industrialización, comercialización y desarrollo integral de las comunidades.
Este concepto puede aplicarse a diversas formas de organización, como cooperativas, asociaciones solidarias, populares y comunitarias para abordar necesidades comunes y a su vez, exigirle a la institucionalidad no seguir en desconexión con este sector y cumplir con su rol de garante de los derechos básicos en un Estado Social de Derecho como lo dicta la constitución política del país. Es así que, con la llegada del Gobierno del Cambio en el año 2022 en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez impulsaron 51 Diálogos Regionales Vinculantes realizados a lo largo y ancho del territorio nacional como la primera acción de participación ciudadana vinculante a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia: Potencia Mundial de la Vida”, generando un ambiente de optimismo y la sensación de un Estado más cerca a la ciudadanía, que escucha sus problemáticas y tiene en cuenta sus propuestas.
Los procesos organizativos y comunitarios de los sectores campesinos han posibilitado avanzar en propuestas y procesos productivos, asociativos y de comercialización propia, en donde los procesos formativos y de intercambio de saberes ancestrales campesinos en agroecología y economía propia han sido muy importantes, pero hoy son insuficientes para las expectativas de los campesinos y las necesidades de la transición y producción agroecológica. En este sentido, es crucial generar procesos de adaptación que promuevan la reformulación de los sistemas de producción agrícola y es allí donde la disponibilidad, el acceso físico y la adecuación de alimentos es uno de los ejes de transformación priorizados en el PND enmarcado en el derecho humano a la alimentación.
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Las características en las que se cimienta está propuesta de los CAS pasan por la creación de redes de confianza, generación de beneficios mutuos y la colaboración en comunidad, trazando objetivos comunes que se alimentan de los conocimientos, habilidades y recursos con los que se cuentan en el territorio; y por otro lado, la sostenibilidad, la flexibilidad y la diversidad que se adapta a las necesidades de las comunidades pero también a los cambios que se viven en el entorno social, económico y cultural del campo colombiano. El circuito agroalimentario es fundamental para fortalecer el tejido social y económico, al fomentar la cooperación y la solidaridad entre sus miembros.
Es así como las organizaciones campesinas de la Provincia del Sumapaz y principalmente en Fusagasugá, se proponen desarrollar un Circuito Agroalimentario Solidario – CAS por medio de la producción agroalimentaria, el turismo comunitario, la transformación artesanal, ambiental y de comercialización mediante la articulación institucional para afianzar las economías populares, solidarias y comunitarias de la región; planteando los siguientes objetivos:
- Promover la efectiva implementación de Políticas Públicas orientadas al desarrollo de las economías populares, solidarias y comunitarias; aplicando enfoques diferenciales que respondan a las necesidades de las organizaciones.
- Garantizar el acceso de las organizaciones solidarias y comunitarias a bienes y estrategias adecuadas para fortalecer procesos de producción, transformación y comercialización que aporten al fomento de la Soberanía Alimentaria y la Economía Solidaria en la región.
- Desarrollar estrategias de comunicación solidarias que fortalezcan las economías populares y comunitarias de la región.
- Potenciar el acceso de las organizaciones solidarias y comunitarias a diversos espacios de comercialización justa.
- Promover una cultura solidaria y asociativa en las organizaciones y entidades gubernamentales de la región.
- Diversificar los ingresos económicos de las familias que pertenecen a las organizaciones solidarias y comunitarias, mediante la ejecución de proyectos de turismo comunitario.
Con este horizonte, avanzar en la construcción de acuerdos con la institucionalidad será clave para fortalecer las economías populares, solidarias, comunitarias y campesinas. Esto implica aplicar enfoques diferenciales que respondan a las realidades de las organizaciones en sus procesos de producción, transformación y comercialización; garantizar el acceso a bienes y estrategias para una producción agroecológica; consolidar acuerdos de comercialización justa y promover espacios educativos que fortalezcan la cultura asociativa y la sostenibilidad.
A ello se suma la creación de rutas turísticas con enfoque comunitario en la Provincia del Sumapaz, como una apuesta integral por el territorio, sus saberes y su gente. Así, este sueño que renace en la región comienza a tomar forma.
