En horas de la mañana del miércoles 10 de agosto se reunieron en el barrio Fusacatán del municipio de Fusagasugá más de 35 madres comunitarias delegadas de distintos municipios de la Provincia del Sumapaz, con el fin de trazar una ruta jurídica en contra del operador privado Unión Temporal ProPaís Santo Domingo Savio y su directora Nubia Leytón por las constantes irregularidades que se han presentado en el marco del contrato, que el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) le adjudicó desde diciembre del 2020 por más de 10 mil millones de pesos.
Este operador ha incumplido con la entrega oportuna de los alimentos para los Hogares Comunitarios de 34 municipios de Cundinamarca que benefician a más de 2400 niños y niñas en la región, la no entrega de dotación, material didáctico y elementos de aseo, sumado al retraso del pago de salarios y prestaciones sociales de los meses de junio y julio a las madres comunitarias, agudizándose su situación porque sus contratos finalizaron el pasado 31 de Julio de 2022 quedando con la incertidumbre de quién o qué entidad asumirá esta responsabilidad.
El sindicato de las madres comunitarias del Sumapaz SINTRACIHOBI se ha dirigido en distintas ocasiones al ICBF exigiendo alguna solución a esta situación, pero estos han respondido que deben dirigir sus reclamos directamente a la Unión Temporal ProPaís señalando que han hecho los desembolsos correspondientes, lavándose las manos frente a la supervisión, seguimiento y control del buen manejo de los dineros públicos en el marco de este contrato, vulnerando los derechos laborales de las madres comunitarias y peor aún, pasando por encima de los derechos de la primera infancia y su derecho a la alimentación.
Es por esto que SINTRACIHOBI con la asesoría del abogado Juan Pablo Mantilla, vocero del equipo nacional de abogados de este Sindicato que tiene presencia en 27 departamentos del país y quien representa a las madres comunitarias, sustitutas y tutoras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les manifestó a las madres comunitarias del Sumapaz lo siguiente: “Por mi experiencia laboral, no veo probable que el operador les pague, entonces ¿qué tenemos que hacer? Reclamar. Y se reclama individualmente, en colectivo por supuesto, pero cada una con un poder y cada una presenta su reclamación ante al ICBF, ante el operador y presentar la demanda, y es por eso que estamos acá”.
Por último, Jhazmin Salazar, presidenta de SINTRACIHOBI Fusagasugá y Soledad Gutiérrez, madre comunitaria FAMI, envían un mensaje a la ciudadanía y a las diferentes entidades y autoridades de Fusagasugá y la región, a no abandonarlas, a que apoyemos este gremio de madres, que difundamos sus problemáticas y reconozcamos su maravillosa labor de servicio con la niñez, las madres gestantes y lactantes, que por décadas han venido desempeñando en nuestros municipios.
