En lo profundo de las montañas y veredas de Fusagasugá, nace una red silenciosa pero poderosa que sostiene la vida cotidiana de cientos de familias: los acueductos comunitarios. Su existencia está íntimamente ligada al páramo del Sumapaz, el más grande del mundo, un ecosistema estratégico para la región, el país y nuestro planeta. Con su diversidad ambiental única, este páramo alimenta ríos, quebradas y manantiales que conforman las cuencas y microcuencas del río Sumapaz, garantizando el abastecimiento de agua a comunidades campesinas, urbanas y periurbanas. Los acueductos comunitarios son quienes hacen posible que esa agua llegue a los hogares y a los cultivos; pero, al mismo tiempo, son quienes la cuidan y la defienden, porque saben que proteger el páramo es proteger la vida misma. Más que simples prestadores de un servicio, encarnan una forma distinta de relación con la naturaleza, el bien común y la organización social.

En ese sentido, hablar de acueductos comunitarios es hablar de solidaridad, compromiso colectivo y autonomía. Son experiencias vivas de gobernanza comunitaria del agua, donde las decisiones no se toman en juntas corporativas sino en asambleas veredales, y donde el objetivo no es el lucro, sino la garantía del derecho al agua para toda la comunidad.

Gestión comunitaria y gobernanza del agua

En Colombia, la gestión del agua ha estado históricamente ligada a formas comunitarias. Mucho antes de que llegaran los modelos empresariales de servicios públicos, fueron las comunidades quienes construyeron mangueras, reservorios, tanques y redes por medio de mingas y trabajo colectivo. Esta tradición persiste en territorios como Fusagasugá y la región del Sumapaz, donde los acueductos comunitarios son también guardianes de los páramos.

La mayoría de la población beneficiaria es campesina, y su relación con el agua atraviesa prácticas para el consumo humano y para la producción agropecuaria, vinculadas a saberes ancestrales que han permitido conservar los ecosistemas. Por eso, afectar la gestión comunitaria del agua compromete el abastecimiento de un servicio vital, y también las costumbres campesinas y las acciones de cuidado de la naturaleza y de los bienes comunes.

Problemáticas actuales en Fusagasugá

Los acueductos comunitarios de Fusagasugá enfrentan hoy desafíos que ponen en riesgo su labor. Uno de los más recientes ha sido la aplicación del impuesto de alumbrado público, que la administración municipal busca cobrar bajo la figura de empresas de servicios públicos domiciliarios (ESP). Esta clasificación desconoce su carácter comunitario y sin ánimo de lucro, y eleva significativamente la carga tributaria.

Las comunidades han advertido que este cobro:

• Genera doble pago por parte de los usuarios, pues ya muchos cancelan el impuesto en la factura de energía o en el predial.
• Afecta de manera especial a familias rurales, para quienes el agua gestionada comunitariamente es un derecho y no un negocio.
• Se ha pretendido aplicar de manera retroactiva desde septiembre de 2023, lo cual agrava la situación económica de los acueductos y pone en duda la legitimidad del cobro.

En contraste, la administración local sostiene que, al estar registrados como ESP ante la Cámara de Comercio y la Superintendencia, deben tributar como tales. Aunque se ha ofrecido una reducción parcial de la tarifa, la discusión refleja una tensión de fondo: ¿los acueductos deben ser tratados como empresas o como organizaciones comunitarias solidarias?

Este conflicto ha evidenciado la inseguridad jurídica en la que operan los acueductos: mientras el POT municipal los reconoce como comunitarios y solidarios, otros marcos normativos los clasifican como empresas. La falta de coherencia institucional no solo debilita a las comunidades, sino que amenaza la sostenibilidad de un modelo que ha garantizado el agua allí donde el Estado no llega.

La necesidad de una política pública diferencial

Pese a su importancia, los acueductos comunitarios siguen siendo invisibilizados en muchas políticas públicas. Aunque la Constitución y la Ley 142 de 1994 reconocen que las comunidades pueden prestar el servicio, en la práctica se les exige cumplir con estándares pensados para empresas privadas o urbanas, desconociendo su carácter solidario y sin ánimo de lucro. Esta contradicción se refleja claramente en Fusagasugá, donde los acueductos son reconocidos en el POT como comunitarios y solidarios, pero tratados por la administración como empresas frente a obligaciones tributarias y regulatorias.

Frente a esta realidad, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios ha insistido en la urgencia de un régimen diferencial que reconozca la gestión comunitaria como un derecho y no como una excepción. Como señala su propuesta de ley propia: “Los acueductos comunitarios por su naturaleza no pueden ser enmarcados en la actual legislación diseñada para garantizar el lucro, lo cual exige un régimen especial acorde con su función de gestión pública, participativa y comunitaria del agua” (Red Nacional de Acueductos Comunitarios, 2017).

La Corte Constitucional también ha reconocido el papel fundamental de estas organizaciones. En la Sentencia T-233 de 2018 afirmó que “los acueductos comunitarios son figuras jurídicas constituidas para la gestión del agua principalmente en zonas rurales […] constituyen la materialización de los principios de participación ciudadana en la toma de decisiones de su interés y deben contar con el apoyo de las autoridades del Estado” (citado en Marco Normativo, 2018) Sin embargo, ese respaldo jurisprudencial no se ha traducido en una política clara que les garantice seguridad jurídica y sostenibilidad.

Por el contrario, los marcos normativos y las medidas estatales tienden a imponer cargas desproporcionadas. Durante la pandemia, por ejemplo, el gobierno expidió decretos que reforzaron un enfoque empresarial y urbano, lo que excluyó a los acueductos comunitarios. Según el Informe País, “los decretos expedidos […] se caracterizan por reforzar los enfoques que han predominado en la lógica de gestión del agua para consumo humano en Colombia: un enfoque urbano y empresarial […] no aportan soluciones a los acueductos comunitarios, tienen el potencial de imponerles costos financieros y cargas administrativas que sobrepasan y desconocen los acuerdos comunitarios” (Red Nacional de Acueductos Comunitarios, 2021).

De fondo, lo que está en disputa es el sentido mismo del agua. Mientras las comunidades defienden el agua como un bien común, las políticas neoliberales han intentado mercantilizarla. Como lo expresa la Red Nacional: “el agua no es una mercancía. La mercantilización del agua es la mercantilización de la vida y la naturaleza. Nadie puede apropiarse del agua” (Informe País, 2021)

Por eso, avanzar hacia una política pública diferencial no es un asunto meramente técnico, sino una decisión de justicia social y ambiental. Reconocer legalmente a los acueductos comunitarios significa garantizar el derecho humano al agua, proteger ecosistemas estratégicos como el páramo del Sumapaz y fortalecer procesos territoriales.

Agua para la vida, no para el mercado

En un contexto de crisis climática, expansión urbana y proyectos extractivos, los acueductos comunitarios de Fusagasugá nos recuerdan que otra forma de gobernar el agua es posible y necesaria. Su gestión colectiva contrasta con los modelos empresariales que ven el agua como mercancía y la someten a lógicas de mercado. En medio de un escenario global donde incluso se especula con el agua en bolsas financieras, las comunidades la sostienen como bien común y como derecho fundamental, indispensable para la vida y la permanencia en los territorios.

Defender estos acueductos es defender la autonomía campesina, la democracia comunitaria y la justicia territorial. Es también una apuesta de paz, porque en cada minga, en cada asamblea, en cada gota que fluye desde el páramo del Sumapaz hasta los hogares, se teje el cuidado colectivo de la vida. Protegerlos es garantizar la continuidad de prácticas solidarias y ancestrales que cuidan los ecosistemas y aseguran el futuro de las nuevas generaciones.

Porque cuando el agua se gestiona desde el corazón de las comunidades, florecen la vida, la dignidad y la esperanza. Y con ellas, la certeza de que otro modelo de sociedad, más justo y en armonía con la naturaleza, es posible.