En un país marcado por profundas desigualdades sociales y ambientales, la agroecología ha emergido como una propuesta integral que articula saberes ancestrales, sostenibilidad ecológica y justicia social. Ya no se trata solo de una alternativa productiva, sino de una apuesta política por el derecho a la alimentación, la defensa del territorio y la soberanía de los pueblos.
Bajo ese contexto, desde Tierra Libre impulsamos en el año 2022 el Encuentro Nacional de Agroecología, que contó con la participación de 45 organizaciones, asociaciones y colectivos que trabajan en torno a la agroecología en diversos territorios del país. Además, desde el año 2023 se han realizado varios encuentros regionales de agroecología que han fortalecido el reconocimiento de los procesos comunitarios de base en distintos territorios del país. En 2023 se llevaron a cabo encuentros en los municipios de Viotá (Cundinamarca), Cajibío (Cauca) y Riosucio (Caldas); y en 2024 en Restrepo (Meta), Yacuanquer (Nariño) y Cocorná (Antioquia).
Durante el año 2024, se avanzó en el diálogo e incidencia con el Gobierno del Cambio, junto con el fortalecimiento y la conformación del Movimiento Agroecológico Colombiano (MACO), se realizaron esfuerzos colectivos que, en el marco de la COP16 que se llevó a cabo en Cali, Colombia, dio como resultado la firma de la Política Pública Nacional de Agroecología bajo la resolución 331 de 2024. Este importante hito, liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR y organizaciones nacionales tales como: Alianza por la Agrobiodiversidad, Comité de Integración del Macizo Colombiano, Corporación Buen Ambiente, Consejo Regional Indígena de Caldas, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, Organización Indigena de Colombia, Asociación Red Colombiana de Agricultura Biológica, Red Agroecológica del Sur, Red de Guardianes de Semillas de Vida, Red Colombiana de Energías de la Biomasa, Red de semillas libres de Colombia, Fian Colombia, Red de instituciones de Educación Superior con programas de Agroecología, Red de Agricultura Familiar y Tierra Libre; representa un avance fundamental en el reconocimiento y apoyo a los procesos agroecológicos en los territorios, y una apuesta por la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad y la justicia ambiental en el campo colombiano.
⮚ ¿Por qué es importante una política pública de agroecología?
Una política pública de agroecología es fundamental porque reconoce, protege y fortalece formas de vida que han sido históricamente marginadas, pero que hoy se revelan como esenciales frente a las múltiples crisis que enfrentamos: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad alimentaria, la degradación del suelo y el colapso de los sistemas económicos locales.
A diferencia del modelo del agronegocio industria, que dependen de monocultivos, agrotóxicos y cadenas de valor extractivistas, la agroecología propone el valor de la vida como centro la vida en el centro, reconociendo la interdependencia entre los ecosistemas, las culturas y las economías populares. Es una propuesta integral que combina ciencia, prácticas productivas sostenibles y el tejido social de las comunidades en la defensa de los derechos fundamentales. política pública de agroecológica permite:
- Dar respaldo estatal y jurídico a procesos que ya existen en los territorios: agricultores, comunidades campesinas, mujeres rurales, pueblos indígenas y redes que, desde hace décadas, vienen cuidando semillas, suelos, saberes y formas de producir en armonía con la naturaleza.
- Garantizar la permanencia en los territorios rurales. La agroecología no solo produce alimentos sanos; también fortalece la autonomía económica, cultural y política de quienes habitan el campo, evitando el desplazamiento y el abandono de las tierras.
- Asegurar la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de los pueblos a decidir cómo producir, distribuir y consumir alimentos, promoviendo circuitos cortos de comercialización, economías campesinas y mercados justos.
- Articular saberes diversos. La agroecología reconoce el conocimiento campesino y tradicional como válido y necesario, y propone el diálogo de saberes con la academia, la ciencia y las instituciones para construir soluciones contextualizadas y sostenibles.
- Resistir al cambio climático. Diversos estudios demuestran que los sistemas agroecológicos son más resilientes a eventos climáticos extremos, al promover prácticas que restauran los suelos, conservan el agua, aumentan la biodiversidad y reducen la dependencia de insumos externos.
- Transformar la institucionalidad. Una política agroecológica obliga a los gobiernos a revisar sus planes de desarrollo, sus esquemas de extensión agropecuaria y sus sistemas de financiamiento, integrando enfoques de derechos, participación social, enfoque de género y justicia intergeneracional.
- Gobernanza y participación social. Una política pública de agroecología debe garantizar que las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes sean protagonistas en los procesos de decisión y gestión de los territorios. Esto implica construir mecanismos de participación real, transparencia institucional y control social que reconozcan a quienes hacen agroecología como actores centrales en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas.
En ese sentido, una política pública de agroecología no puede quedarse en el papel ni en una declaración técnica. Su fuerza radica en la capacidad de seguir construyendo rutas de incidencia que fortalezcan el diálogo con diversos actores en lo local, regional y nacional. Es necesario fomentar redes de articulación que permitan avanzar en el fortalecimiento del Movimiento Agroecológico Colombiano, garantizar escenarios de participación social y consolidar mecanismos de seguimiento ciudadano que den vida a la resolución aprobada.
⮚ Una política con rostro campesino, popular y de resistencia
Lo más significativo de este proceso es que la agroecología se construye desde abajo, desde las prácticas cotidianas de mujeres rurales, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades campesinas que han resistido al modelo agroindustrial. La agroecología no se impone: se cultiva con paciencia, conocimiento colectivo y compromiso ético con la vida.
Ahora bien, esa construcción desde las comunidades también ha tenido expresiones en el ámbito institucional. En algunos departamentos y municipios del país se han impulsado políticas de agroecología mediante ordenanzas. En ciertos casos, esos procesos han sido promovidos desde el movimiento social con amplia participación de las comunidades; en otros, la falta de incidencia efectiva de los actores locales ha dejado aprendizajes y reflexiones importantes sobre las dificultades en su implementación.
Pese a estas tensiones, los avances en regiones como Antioquia, Valle del Cauca y Nariño —que ya han aprobado sus políticas departamentales— muestran que sí es posible caminar hacia una transición agroecológica con respaldo institucional. En este marco, desde Tierra Libre y las organizaciones del Movimiento Agroecológico asumimos el reto en la región centro, particularmente en los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Tolima, incentivando espacios de diálogo, incidencia y construcción de voluntad política.
⮚ Sembrar políticas públicas, cosechar justicia
La formulación de políticas públicas en agroecología no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para fortalecer los tejidos comunitarios, promover economías propias, y garantizar una vida digna en el campo. Colombia tiene una deuda histórica con su ruralidad, y la agroecología es una vía realista, urgente y transformadora para saldarla.
➢ Mujeres rurales en el corazón de la política pública agroecológica
La agroecología no puede entenderse sin reconocer el papel fundamental de las mujeres rurales, quienes han sostenido históricamente la vida en los territorios a través del cuidado de las semillas, la transmisión de saberes y la defensa del agua y la tierra. Una política pública de agroecología debe garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones, el acceso a la tierra y a los recursos productivos, así como el reconocimiento de sus aportes al sostenimiento de la soberanía alimentaria. La inclusión de un enfoque de género no es solo un criterio técnico, es una lucha para la dignificación de las mujeres y la transformación de desigualdades estructurales que han relegado a las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes. Reconocer y fortalecer su liderazgo es garantizar que la política pública agroecológica tenga raíces firmes y un futuro transformador para el campo colombiano.
Para concluir, la agroecología en Colombia es fruto de una larga trayectoria de lucha de los movimientos sociales y comunitarios. Su consolidación como política pública requiere asumir el compromiso de ser actores activos en la coyuntura nacional, visibilizando la necesidad de organizarse y articularse desde nuestras diversas expresiones. Avanzar en la unidad, garantizar por parte del Estado la autonomía de los territorios, fortalecer la producción nacional y fomentar las economías populares son pasos imprescindibles para una transición justa.
Asimismo, resulta clave reconocer la importancia de una visión urbano-regional en lo agroalimentario y ambiental, que fortalezca los vínculos entre campo y ciudad, y que contribuya a la construcción de un país más justo, soberano y sostenible. La agroecología es, en esencia, una política para la vida: un horizonte de justicia, dignidad y esperanza para el campo colombiano.
